El presidente Javier Milei vetó las leyes votadas en el Congreso para las universidades y el Garrahan
Javier Milei volvió a dejar claro que su plan de ajuste no tiene excepciones. En menos de 24 horas, vetó dos leyes votadas con amplio respaldo en el Congreso: una que garantizaba el financiamiento de las universidades nacionales y otra que declaraba la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan, el centro de referencia en salud infantil más importante del país.
Ambos decretos fueron publicados esta semana en el Boletín Oficial y llevan la firma del Presidente y de todo su gabinete. En ambos casos, el argumento es idéntico: preservar el “equilibrio fiscal” y evitar un “aumento desmedido del gasto público”.
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La ley universitaria había sido impulsada tras las masivas marchas en defensa de la educación pública. Preveía fondos específicos para gastos de funcionamiento y recomposición salarial docente. El Gobierno la calificó como “inconstitucional” y alertó que implicaría un impacto fiscal de $850 mil millones anuales.
El segundo veto cayó sobre una ley votada con 62 senadores a favor y solo ocho en contra. Declaraba la emergencia sanitaria en pediatría, garantizaba fondos para el Garrahan y otras instituciones, y revertía una resolución que modificó el sistema de residencias médicas. Según el Ejecutivo, el costo estimado de la medida era de $115 mil millones y carecía de “financiamiento genuino”.
En simultáneo, el Gobierno postergó hasta último momento su decisión sobre la ley que redistribuye los Aportes del Tesoro Nacional, una herramienta clave para los gobernadores.
Con estos vetos, Milei blinda su relato fiscalista y manda una señal contundente: ni las universidades ni los hospitales están por encima del ajuste. El Congreso, que votó ambas leyes con amplio consenso, deberá ahora decidir si se atreve a enfrentarlo.
se activan movilizaciones y crece la tensión con el Congreso
La resistencia a los vetos de Javier Milei comenzó antes de que se publicaran los decretos. Universidades nacionales como las de Almirante Brown (UNaB) y Lomas de Zamora (UNLZ) habían lanzado una campaña en redes sociales reclamando la reglamentación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario. En sus mensajes destacaron que la norma «no es contra nadie, sino a favor de todos», y que su implementación es “imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública”.
“No se trata de ideologías ni partidismos. Se trata de cuidar lo que nos une y nos enorgullece: la educación pública”, expresaron, mientras advertían que cada vez más docentes, investigadores y estudiantes se ven forzados a abandonar las aulas por razones económicas.
Tras la oficialización del veto, la respuesta del sector salud no se hizo esperar. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) confirmaron que preparan movilizaciones y una conferencia de prensa el lunes frente al Congreso, junto a la comunidad universitaria. Allí exigirán que el Parlamento rechace los vetos presidenciales y ratifique las leyes por insistencia.
Además, si la Cámara de Diputados convoca a tratar los vetos, los gremios impulsarán una Marcha Federal con epicentro en Buenos Aires y réplicas en todas las provincias. “Estamos a la expectativa de la definición presidencial”, advirtieron, incluso antes de que el decreto se publicara.
La calle vuelve a activarse frente a un Gobierno que muestra nula disposición a ceder. Universidades, hospitales y ahora también el Congreso están en la mira del ajuste. Y la tensión política escala.
