Afirman que la gestión mileista falsifica las cifras para poder privatizar la empresa
El Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias cuestiona el inicio del proceso de privatización de AySA. Afirman que el Gobierno manipula cifras para justificar la venta y advierten que el agua no puede tratarse como mercancía, sino como un derecho humano esencial bajo gestión estatal.
Críticas a la privatización
El inicio de la venta de acciones de AySA, dispuesto por el Ministerio de Economía, desató un fuerte rechazo sindical. Los trabajadores aseguran que se utilizan estadísticas sesgadas para instalar la idea de una supuesta ineficiencia de la gestión estatal en la empresa de agua y saneamiento.
El gremio cuestiona que se la califique como uno de los “peores operadores de la región” basándose en comparaciones incompletas. Señalan que se omite evaluar la calidad del servicio, el compromiso del personal y la cobertura alcanzada en zonas donde el sector privado difícilmente invertiría.
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Desde la organización sindical insisten en que AySA cumple un rol esencial para garantizar derechos básicos. Sostienen que, más allá de falencias estructurales, el acceso al agua potable y a las cloacas debe permanecer bajo control estatal, con mecanismos de gestión profesional y participación activa de sus trabajadores.
Agua como derecho HUMANO
El plan oficial prevé vender más de la mitad del paquete accionario a un operador privado y el resto en el mercado financiero. Según el sindicato, esta medida supone trasladar a la lógica del mercado un servicio que requiere subsidios permanentes para llegar a sectores vulnerables sin rentabilidad inmediata.
Los trabajadores remarcan que la idea de que la privatización resolverá la falta de acceso al agua para cinco millones de argentinos no se sostiene. Aseguran que la historia demuestra que las empresas privadas priorizan el beneficio económico, dejando de lado la universalidad y la equidad del servicio.
Para el gremio, el agua no puede considerarse una mercancía. Plantean que se trata de un bien social y un derecho humano irrenunciable. En ese sentido, remarcan que solo el Estado puede garantizar un esquema de inclusión, con planificación, control público y la experiencia de quienes sostienen día a día la red.
