Se trata de una acción inconstitucional
Organizaciones civiles, usuarios y otros colectivos se unieron en una acción concreta presentada ante la justicia: frenar cortes de agua de AySA por falta de pago. Esto viene a raíz de los decretos del gobierno que permiten a la empresa llevar a cabo tal procedimiento.
El dejar sin agua a usuarios vulnera todo derecho humano básico, considerado en el plano internacional a través del Asamblea General de las Naciones Unidas. La demanda plantea declarar inconstitucional el decreto y revertirlo.
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Es clara, concisa y concreta. Plantea y denuncia puntos claves de lo que el decreto intenta instaurar. Puntualmente la demanda recalca que «han bajado los criterios sobre la calidad del agua, es decir, el nivel de exigencia en cuánto a la misma, lo que conlleva fuertemente problemas con la salud».
Por otro lado, hace énfasis que no se puede dejar a nadie sin agua. También se remarcó que la medida fue adoptada sin llevar adelante instancias de consulta pública, sin analizar sus impactos ambientales y sin garantizar la participación ciudadana, en incumplimiento de lo dispuesto por la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú (Ley N.º 27.566).
La ausencia de debate en el Congreso y la falta de mecanismos que aseguren la intervención directa o indirecta de la ciudadanía en temas de interés público constituyen una violación al artículo 42 de la Constitución Nacional, así como a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 21), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23).
