Se estima que más de 1.000.000 de personas se verán afectadas
AySA, en su plan de ajuste, modernización y saneamiento de cuentas, comunicó que cortará el agua a los deudores. Busca equilibrar su situación financiera siendo esta, una de las herramientas para ello. Los cortes podrán ser parciales o totales. Dependerá del servicio o tipo de usuario. Todo esto se enmarca el avance de la privatización de la empresa que impulsa el gobierno.
Actualmente, la morosidad alcanza el 20% y, aunque se ofrecen planes de pago en cuotas y quitas de intereses, AYSA decidió avanzar con procedimientos más firmes para reducir el número de deudores acumulados en los últimos años.
PRIVATIZACIÓN Y AJUSTE
Javier Milei, a través del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 493/2025 estableció que se habilita la privatización de AySA permitiendo la venta de acciones y la entrada de capital privado en la empresa, medida que repercute directamente en el servicio a los usuarios.
El costo del servicio de agua aumentó más del 300% en el último año, un dato que complica la economía de muchas familias. En paralelo, AYSA endureció sus mecanismos de cobro para mejorar el equilibrio financiero en medio de una fuerte suba de precios.
Los usuarios residenciales no pueden ser desconectados por completo, pero sí se les aplica un sistema que limita el caudal mínimo permitido. En cambio, los comercios y empresas pueden sufrir directamente el corte del suministro.
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La legislación vigente establece que, ante el incumplimiento de dos facturas consecutivas, la empresa puede tomar medidas para restringir o suspender el servicio, siempre que se hayan cumplido los plazos de notificación previa al usuario.
En el caso de los hogares, se garantiza un nivel mínimo de abastecimiento, pero se reduce el caudal mediante dispositivos específicos. Las industrias y comercios, por su parte, pueden ver interrumpido totalmente el suministro si no regularizan la deuda.
Para evitar esta situación, los usuarios deben ponerse al día con lo adeudado y cubrir los gastos administrativos correspondientes. Una vez que se efectúa el pago, el servicio se normaliza dentro de las 48 horas posteriores.
Casos excepcionales y límites a las medidas
Existen excepciones previstas en la normativa. Hospitales, clínicas o cárceles no pueden ser alcanzadas por cortes sin una autorización expresa del ente regulador, que debe evaluar otras vías antes de permitir la suspensión.
También quedan excluidos aquellos usuarios que hayan firmado acuerdos de pago o estén amparados por una medida oficial. En esos casos, la empresa debe respetar las condiciones establecidas y suspender cualquier acción.
AYSA remarcó que estas acciones se aplican como último recurso. Antes, se agotan instancias de diálogo y notificación para facilitar la regularización de las cuentas sin afectar la prestación de un servicio esencial.
