El 27 de junio ya no será una jornada no laborable para los trabajadores del Estado. El Gobierno nacional decidió eliminar el feriado por el Día del Empleado Público, una medida que busca, según la Casa Rosada, “equiparar las condiciones laborales entre el sector público y el privado”.
“El Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”, sentenció el vocero presidencial Manuel Adorni durante su conferencia habitual. La frase no fue casual. En medio de una ofensiva discursiva para mostrar a la administración pública como una estructura ineficiente y sobredimensionada, el Ejecutivo avanza con señales que refuercen esa idea.
La eliminación de este feriado apunta a mostrar austeridad, pero también responde a una lógica de diferenciación política: el Estado no puede –según el oficialismo– ser el refugio de privilegios, mientras el sector privado, con más precariedad y menos beneficios, sostiene la actividad económica real. Desde esa perspectiva, el feriado del 27 de junio era un símbolo incómodo.
En la práctica, la eliminación de este día no representa un ahorro fiscal relevante, pero sí permite al Gobierno sostener su narrativa de ajuste sin tocar, por ahora, estructuras más complejas. La pregunta que empieza a instalarse en los pasillos gremiales y en la política es si esta decisión es un hecho aislado o parte de una ofensiva más profunda sobre los derechos adquiridos del sector público.
Lo cierto es que, con este tipo de medidas, la Casa Rosada busca reafirmar su lógica: menos símbolos, más productividad. Y si eso implica tensar aún más la relación con los estatales, parece ser un costo que están dispuestos a pagar.
