El Ministerio de Salud formalizó este viernes una profunda reestructuración del Reprocann, el programa que autoriza el cultivo de cannabis medicinal. La resolución 1780/2025 redefine quién puede plantar, cómo y bajo qué condiciones.
La nueva normativa mantiene sin cambios el permiso para usuarios particulares: hasta nueve plantas en floración por tres años, con indicación médica y traslado autorizado de dosis específicas. Pero el foco está puesto en las ONG, a las que ahora se les exige una estructura que muchas no pueden sostener. Informe cromatográfico por lote, informes semestrales, nómina detallada de pacientes, antecedentes penales del personal y un Director Médico responsable de cada indicación, que deberá rendir cuentas junto al profesional tratante.
“Nos convirtieron en clínicas privadas”, denunció Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva. “Esto no es una política sanitaria, es una política de ajuste. Están criminalizando la pobreza y precarizando el derecho a la salud”. La crítica apunta a un modelo que, según la organización, rompe con el espíritu original del programa: permitir que personas con enfermedades crónicas o dolorosas accedan a un tratamiento sin quedar atrapadas en la lógica del mercado.
¿QUE PASA CON LOS TRAMITES TRABADOS HACE MÁS DE UN AÑO?
La medida también impacta en quienes esperan acceder al Reprocann: deberán reiniciar el trámite bajo las nuevas condiciones. Y quienes ya están inscriptos, aunque no verán alteradas sus autorizaciones, deberán ajustarse a un seguimiento médico más estricto.
El Gobierno justifica el giro con un argumento conocido: evitar abusos. Pero en el camino, redefine el acceso al cannabis medicinal desde una lógica de control más que de cuidado. Y deja a cientos de pacientes, y a las redes solidarias que los sostenían, frente a un dilema: pagar o quedar afuera.
