El Gobierno nacional oficializó la decisión de eliminar las tasas municipales en las facturas de Edenor y Edesur
En una nueva medida lanzada este martes a través del Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó eliminar las tasas municipales que se incluían en las facturas de las distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur. La decisión se formalizó mediante una resolución firmada por Darío Arrué, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
La resolución establece que las facturas emitidas por ambas distribuidoras ya no podrán incluir conceptos ajenos al servicio eléctrico, como cuotas de seguros de vida o créditos personales, que hasta ahora venían cobrando. El objetivo de la medida es que las facturas reflejen únicamente los costos del servicio eléctrico, sin cargos adicionales.
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CARGOS AJENOS AL SERVICIO
La decisión del ENRE se enmarca en la resolución 267/2024, emitida por la Secretaría de Comercio a pedido del ministro de Economía, Luis Caputo. Esta norma busca limitar la incorporación de «cargos ajenos a la naturaleza del servicio» en diversas facturaciones, abarcando desde las tasas viales que algunos municipios cobran en estaciones de servicio hasta las ecotasas aplicadas en hoteles ubicados en zonas turísticas.
Es importante destacar que la competencia del ENRE se limita a Edenor y Edesur, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las demás distribuidoras de energía en el país corresponden a entes provinciales, por lo que la medida no afecta a los usuarios de otras regiones.
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La decisión fue bien recibida por diversos sectores, que consideran que contribuye a una mayor transparencia en la facturación del servicio eléctrico y brinda un alivio económico a los usuarios en un contexto de alta inflación. Sin embargo, algunos municipios que percibían ingresos por estas tasas podrían verse afectados por la medida, lo que podría abrir un nuevo debate sobre los mecanismos de financiamiento local.
La eliminación de estos cargos representa un paso más en la búsqueda de una regulación más estricta sobre los servicios públicos y la estructura de costos que pagan los usuarios.
