Un millón de usuarios de Edenor y Edesur podrían recibir multas a partir de septiembre el nuevo factor de potencia
Cerca de un millón de usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se enfrentan a la posibilidad de recibir multas a partir del 2 de septiembre, cuando entre en vigor el nuevo factor de potencia establecido por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Esta medida, que busca mejorar la seguridad, sustentabilidad y eficiencia del servicio eléctrico, afectará a 969.739 usuarios, en todo el conurbano.
El nuevo factor de potencia, fijado en 0,95, obligará a los usuarios a optar entre dos alternativas: instalar nuevos tableros capacitores eléctricos para cumplir con el estándar o continuar utilizando los actuales niveles de potencia, que oscilan en torno a 0,85 o incluso menos, y afrontar las multas correspondientes. Sin embargo, el ENRE aún no ha especificado el monto de estas sanciones, que podría variar dependiendo del nivel de incumplimiento.
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La recaudación de las multas será destinada a un fideicomiso creado por Edenor y Edesur, cuyo objetivo será financiar el «Programa de Medición Inteligente» (PMI). Este programa tiene como meta la modernización del sistema de lectura de medidores, reemplazando el actual método manual y presencial por un sistema digital. Según especialistas, este cambio permitirá un monitoreo más preciso y detallado del consumo energético, lo que facilitará un uso más eficiente de la energía.
La disposición del ENRE, formalizada en la resolución 522/24 y publicada en el Boletín Oficial el 5 de agosto, se enmarca en un proceso iniciado en febrero con las resoluciones 85 y 100, que establecieron la adecuación al nuevo factor de potencia y el inicio de consultas para la implementación del PMI, respectivamente.
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Rafael Caputo, especialista en Marketing de Producto de ABB, destacó que la instalación de medidores inteligentes permitirá a los usuarios comprender mejor su consumo de energía, lo que es fundamental para promover un uso más eficiente. Caputo estimó que el valor de los capacitores será de «aproximadamente u$s100 por departamento. Es decir, que para un edificio de 50 departamentos sería necesario un tablero de unos u$s5.000″.
¿Qué es el «factor de potencia»?
La resolución 522/24 del ENRE, introduce un cambio significativo en la gestión del consumo eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este nuevo factor, que eleva el coseno del actual 0,85 a 0,95, busca alinearse con los estándares internacionales y con lo que ya se aplica en gran parte de los principales centros urbanos del interior de Argentina.
El «factor de potencia» es una medida técnica que se refiere a la eficiencia con la que se utiliza la energía suministrada por la red eléctrica. Específicamente, es la proporción entre la energía activa y reactiva. La activa, es la que realiza trabajo útil (como encender luces o alimentar electrodomésticos). Mientras que la energía reactiva, que es necesaria para mantener el magnetismo en los motores eléctricos pero no realiza trabajo útil directamente. Un factor de potencia ideal es 1, donde toda la energía suministrada es utilizada eficientemente.
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Sin embargo, en la práctica, la energía reactiva es inevitable en ciertos equipos. Esto pasa especialmente en aquellos que contienen motores eléctricos como lavarropas, heladeras, y sistemas de bombeo de agua. Estos equipos generan un campo magnético que circula por los mismos cables que la electricidad. Esto puede resultar en un uso menos eficiente de la energía si no se gestiona adecuadamente. En el caso del consumo común de edificios residenciales, esto también incluye sistemas como ascensores, amenities, y riego de jardines, que incrementa la carga reactiva sobre la red.
Hasta el 1 de septiembre, el factor de potencia en el AMBA es de 0,85, lo que significa que de cada 100 unidades de energía consumida, 85 se utilizan para trabajo útil y 15 corresponden a energía reactiva. Con la nueva normativa, este índice se elevará a 0,95, reduciendo la proporción de energía reactiva permitida. Este ajuste es común en otros países y algunas ciudades argentinas. Pero se había postergado en el AMBA debido a cuestiones financieras y estrategias de las distribuidoras tras la privatización de la antigua SEGBA en 1992.
