El Gobierno nacional ha anunciado modificaciones clave, incluido el traspaso del Plan Potenciar Trabajo al Ministerio de Trabajo y la eliminación de restricciones para beneficiarios de pensiones por discapacidad que buscan empleo.
En una decisión oficializada hoy a través de los decretos 565/2023 y 566/2023 publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno argentino ha implementado cambios significativos en dos áreas cruciales. En primer lugar, el Decreto 565 establece la creación del Programa de Inclusión Laboral, que operará bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo. Su objetivo principal es promover la capacitación y fortalecer el empleo formal de personas que actualmente trabajan en la Economía Popular.
Una de las modificaciones más destacadas es la transferencia, a partir del 1 de enero de 2024, de todos los beneficiarios del Programa Nacional «Potenciar Trabajo» desde el Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo. Los participantes en este nuevo Programa de Inclusión Laboral tendrán acceso a diversas prestaciones relacionadas con la capacitación profesional, formación laboral, certificación de competencias y el fortalecimiento de trabajos autogestivos. También podrán llevar a cabo actividades socio-productivas, socio-laborales y socio-comunitarias en el marco de una Unidad Productiva, sujeta a auditoría por la Autoridad de Aplicación.
Los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social tendrán la facultad de emitir normativas complementarias y aclaratorias en el marco de sus respectivas competencias para garantizar la implementación efectiva de estas reformas.
Por otro lado, el Decreto 566/2023 pone fin a la incompatibilidad que existía previamente para los beneficiarios de pensiones por discapacidad que deseaban incorporarse al mercado laboral. Esta normativa derogada, vigente desde 1997, impedía a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad acceder al empleo. El nuevo decreto busca garantizar un trato más favorable en materia de inclusión laboral y brindar una adecuada protección y garantía de igualdad a estas personas.
Los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Economía, junto con la Agencia Nacional de Discapacidad, recibirán instrucciones para emitir las normas y actos necesarios para la implementación de estos cambios. La Agencia Nacional de Discapacidad será responsable de establecer los criterios, procedimientos y documentación necesaria para acceder y mantener las prestaciones instituidas.
