La privatización de AySA sumó un nuevo paso: el Gobierno nacional adjudicó el 90% de las acciones por US$340,2 millones y estableció el 13 de noviembre como plazo para firmar el contrato, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La operación incluye a una sociedad extranjera cuyos beneficiarios finales no aparecen identificados en las resoluciones examinadas por esa agencia.
La información surge de una investigación del periodista Jorge Adrián García, de NA, que cita la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía. La adjudicación todavía requiere la firma del contrato y el cumplimiento de las condiciones previstas para concretar la transferencia.
Quiénes integran el grupo comprador
El consorcio reúne a Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA.
El Ministerio de Economía confirmó el 8 de octubre que ese grupo presentó una oferta de US$340,2 millones. La propuesta del consorcio encabezado por Roggio alcanzó los US$285 millones: una diferencia de US$55,2 millones. El esquema contempla mantener el 10% restante de las acciones en manos de los trabajadores.
Según la investigación de NA, Rowing está vinculada con Walter Román y Transclor con Mauricio Filiberti. Arcos, relacionada con el grupo brasileño Equipav, aporta experiencia en la operación de servicios de agua y saneamiento.
Qué se sabe de la sociedad extranjera
Uno de los interrogantes de la privatización de AySA gira alrededor de PHX Aqua AR BV, constituida en los Países Bajos. NA la vincula con Phoenix Global Investment Fund BV, un vehículo financiero radicado en Curaçao.
La agencia señala que circula una distribución que le atribuye a PHX el 55% del consorcio. Sin embargo, ese porcentaje no pudo corroborarse con la documentación societaria presentada en la licitación, por lo que no corresponde darlo por confirmado.
El punto pendiente es conocer quiénes ejercen el control final de esa estructura y qué participación tendrá cada integrante en la sociedad compradora.
Según el análisis del pliego realizado por NA, los oferentes debían declarar sus porcentajes e identificar a las personas que los controlan. Que esos datos no aparezcan reproducidos en las resoluciones no demuestra, por sí solo, que las empresas hayan incumplido esa obligación.
La Resolución 1722/2026, consultada en el Boletín Oficial, señala que la comisión evaluadora revisó las ofertas técnicas, solicitó correcciones y consideró que ambos consorcios cumplían los requisitos para pasar a la etapa económica. Resolución 1722/2026
Qué falta para concretar la venta
De acuerdo con NA, los adjudicatarios deberán constituir una sociedad argentina que adquirirá y mantendrá las acciones. Cada participante tendrá que conservar el porcentaje declarado en su oferta.
El 13 de noviembre es el plazo establecido para suscribir el contrato, según la resolución citada por la agencia. La adjudicación constituye una instancia previa: todavía deben completarse las obligaciones necesarias para cerrar la operación.
Otro dato pendiente de acceso público, según la investigación, es el importe de la tasación del BICE utilizada para evaluar las propuestas.
