El oficial de la Comisaría de San Francisco Solano exigía pagos semanales a un metalúrgico de San José. Lo detuvieron con una entrega controlada. Ahora la UFI 8 de Lomas de Zamora, especializada en violencia institucional, busca determinar cuántos comerciantes más pagaron.
La detención de un policía bonaerense acusado de exigirle coimas semanales a un comerciante de San José, en Almirante Brown, dejó de ser un hecho aislado: la fiscalía que investiga la causa está tratando de establecer cuántas otras víctimas hubo.
El oficial, con destino en la Comisaría de San Francisco Solano, está imputado por exacción ilegal, la figura que castiga al funcionario público que exige dinero abusando de su cargo.
Cómo operaba
La mecánica que reconstruyeron los investigadores era rutinaria, casi administrativa.
El policía le exigía a un comerciante del rubro metalúrgico $30.000 por semana. Se comunicaba previamente con la víctima para coordinar el retiro del efectivo. En algunos casos, el pago se hacía directamente por transferencia bancaria.
De fondo, la amenaza no necesitaba ser explícita: el que cobra es el mismo que puede complicarle la vida al negocio.
La entrega controlada
El comerciante denunció y la investigación derivó en un operativo encubierto con entrega controlada: el pago se realiza bajo vigilancia policial y judicial, con dinero previamente identificado.
El oficial advirtió el movimiento e intentó escapar, pero fue detenido en el lugar. Le secuestraron los billetes de la entrega, un teléfono celular, un chaleco antibalas reglamentario y municiones.
Lo que viene: la pregunta del millón
La causa quedó en manos de la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, la unidad fiscal especializada en violencia institucional.
Y ahí está el punto que convierte esta detención en algo más grande: la investigación sigue abierta para determinar el alcance real de la maniobra y si hubo otros comerciantes alcanzados.
El teléfono secuestrado es la pieza central. Si el oficial coordinaba los retiros por mensajes, ahí puede estar la lista completa. Las transferencias bancarias, por su parte, dejan un rastro que no se borra.
No es el único caso en el Departamento Judicial
La causa llega en un momento en que la Justicia de Lomas de Zamora acumula expedientes por corrupción policial.
A comienzos de agosto trascendió otra investigación grave: dos policías de 32 años —uno de ellos con domicilio en Lomas de Zamora— fueron procesados con prisión preventiva por divulgación de secreto oficial y asociación ilícita. Según la acusación, entre mayo y diciembre de 2024 le vendieron información de las bases de datos policiales a una organización de unas veinte personas dedicada a robar autos, adulterar documentación y venderlos.
El método era fotografiar las pantallas del sistema y enviar las imágenes por WhatsApp, a cambio de transferencias bancarias. En uno de los tramos más llamativos del expediente, el efectivo con domicilio en Lomas involucró a su propio hijo para que accediera a los sistemas cuando él no podía hacerlo.
Son causas distintas, con acusados y fuerzas distintas. Pero apuntan al mismo lugar: la Justicia del sur del conurbano investigando a los que deberían estar del otro lado del mostrador.
