El Gobierno bonaerense rechazó la fiscalización nacional durante el paro docente en la provincia de Buenos Aires y ordenó a las autoridades escolares no entregar información ante posibles pedidos de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
La Dirección General de Cultura y Educación comunicó la decisión a inspectores, directivos y equipos de conducción. La administración provincial sostuvo que el organismo nacional no tiene facultades para controlar al personal ni a las instituciones educativas que dependen de Buenos Aires.
La Provincia defendió su autonomía
El Ministerio de Trabajo bonaerense realizó una presentación para solicitar que la Secretaría de Trabajo nacional se abstenga de requerir datos sobre el funcionamiento de las escuelas durante la medida de fuerza.
Según la Provincia, cualquier control sobre los trabajadores estatales bonaerenses debe quedar bajo la órbita de las autoridades locales. Por ese motivo, calificó la intervención nacional como una intromisión en competencias que no le corresponden.
La postura oficial se apoyó en el artículo 6 de la Constitución Nacional. El Ejecutivo provincial argumentó que una dependencia administrativa de Nación no puede ejercer funciones de control o aplicar sanciones sobre cuestiones reservadas a las provincias.
Ante esta situación, las autoridades educativas recibieron la indicación de señalar la falta de competencia del organismo nacional. También deberán evitar declaraciones o la entrega de datos relacionados con establecimientos y trabajadores provinciales.
Controles por la prestación mínima
La disputa surgió luego de que el Gobierno nacional anunciara controles para comprobar el cumplimiento de una prestación mínima del servicio educativo durante la huelga.
El esquema oficial busca verificar que las escuelas mantengan una cobertura del 75% durante la jornada. En caso de incumplimientos, podrían analizarse sanciones económicas contra las organizaciones sindicales.
La fiscalización nacional durante el paro docente en la provincia de Buenos Aires profundizó así el enfrentamiento político entre ambas administraciones. Mientras Nación considera esencial el servicio educativo, la Provincia sostiene que los controles no pueden aplicarse sin respetar su autonomía.
Reclamos salariales y financiamiento educativo
La medida de fuerza coincidió con el regreso a clases en diferentes distritos y tuvo impacto desigual en el país. Los sindicatos reclaman mejoras salariales, la convocatoria a la paritaria nacional docente y la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
También cuestionan la pérdida del poder adquisitivo y las políticas educativas impulsadas por el Ejecutivo nacional.
En territorio bonaerense adhirieron SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET. Docentes de algunas universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata, también se sumaron a la protesta.
El nivel de adhesión dependió de la situación de cada establecimiento. Sin embargo, la participación de los principales gremios anticipó un impacto importante en las escuelas de la provincia.
De esta manera, la fiscalización nacional durante el paro docente en la provincia de Buenos Aires quedó en el centro de una nueva disputa entre Nación y el gobierno bonaerense por las competencias sobre el sistema educativo.
