Sospechas por filtración y fuga
La Justicia investiga a un comisario de la Policía Bonaerense acusado de filtrar información sobre un allanamiento a cambio de dinero y favorecer la fuga de la prófuga Marta Mitrovich. El procedimiento se iba a realizar en la casa de su hijastro en Castelar, pero cuando los efectivos llegaron, la mujer ya no estaba.
El imputado es Leonardo Ezequiel Ponce, de 37 años, quien enfrenta cargos por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se desempeñaba en la Planta de Verificación Policial del Automotor (VPA) y no formaba parte de la investigación.
La estafa y tragedia
El caso se originó el 16 de enero, cuando tres mujeres, Mirta Noemí Mitrovich, Marta Mitrovich y Nancy Marina Yovanovich, estafaron a Merlín Díaz, dueña de un centro de estética de Ingeniero Budge. Según la investigación, la convencieron de que estaba “maldita” y le ofrecieron realizar una “limpieza”. En ese contexto, se aprovecharon y le robaron 14 millones de pesos.
Tras descubrir el engaño, la víctima entró en crisis y se quitó la vida. Antes de hacerlo, se comunicó con sus estafadoras, pero ya se habían fugado. También dejó una carta dirigida a su pareja pidiéndole perdón por lo ocurrido.
Luego del hecho, María Mitrovich se presentó ante la Justicia y solicitó la eximición de prisión, pero fue rechazada en ambas instancias. Yovanovich realizó el mismo pedido, aunque continúa prófuga. En tanto, Marta Mitrovich tiene antecedentes por una estafa previa en Benavídez, lo que agrava su situación.
La investigación está a cargo de la Fiscalía N°19 de Lomas de Zamora, encabezada por Ignacio Torrigino, que había logrado ubicar a la sospechosa en la casa de su hijastro, Favio César Márquez, ex futbolista de Boca.
Los investigadores determinaron que Ponce Wisto se reunió con Márquez en una estación de servicio del oeste del conurbano un día antes del allanamiento. Según reconstruyeron, el ex jugador “se subió tranquilo, con mucha confianza” , lo que refuerza la hipótesis de un acuerdo previo.
El comisario no tenía vinculación formal con la causa, por lo que se analiza la posible participación de otros efectivos que hayan tenido acceso a la información del procedimiento.
Quién es el comisario bajo sospecha
Además de su función policial, Ezequiel Ponce tiene un estudio jurídico. En redes sociales se presenta como “Abogado comprometido con tus derechos. Zona oeste” .
En sus publicaciones ofrece servicios en los fueros Civil y Comercial y de Familia. En una de ellas escribió: “Trabajamos con rapidez, estrategia y resultados concretos. Si sufriste un accidente de tránsito, reclamá lo que te corresponde. Dr. Ponte Wisto Leonardo. Especialista en accidentes de tránsito”.
Durante su indagatoria, se negó a declarar. Si bien fue detenido en un primer momento, luego fue excarcelado por no contar con antecedentes penales. La causa continúa y permanece imputado.
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Secuestran dinero y bienes en la casa del comisario
El fiscal Torrigino aún no tiene acreditado que la familia Mitrovich le pagara al comisario por información, aunque sostiene que el abogado manejó información relevante para la investigación.
En el allanamiento en su vivienda en Ituzaingó se secuestraron 50 mil dólares, 20 millones de pesos, vehículos de alta gama y otros bienes que no coincidirían con sus ingresos declarados.
Reclamo de la familia
Alexander Díaz Silva (34) cerró el local de su hermana y vendió pertenencias para afrontar gastos. “Esto es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. Pero vamos a seguir pidiendo justicia por mi hermana”, afirmó.
En el local hallaron un amuleto rojo y la reconstrucción se hizo a partir de mensajes de WhatsApp, ya que la joven no había contado lo ocurrido. “Un día antes me dijo que estaba descansando porque había trabajado muchísimo…”, recordó su hermano.
Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de las sospechosas el 20 de enero a las 9. Luego, una empleada llegó al lugar cerca de las 10, momento en que la víctima llevó a las mujeres a un sector sin cámaras. Según los investigadores, allí se realizó el ritual. Posteriormente, la joven se dirigió a su casa en bicicleta y regresó con una mochila que contenía sus ahorros.
Más tarde se dio cuenta que había sido engañada. De acuerdo con el Código Penal, las imputadas no pueden ser acusadas por la muerte de la víctima. Las penas previstas para este tipo de estafa van de 1 a 6 años de prisión y, en muchos casos, se resuelven mediante juicios abreviados con condenas en suspenso.
