El Gobierno nacional ingresó al Congreso de la Nación el proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años, una iniciativa que reabre uno de los debates más sensibles de la agenda política y social. En el plano parlamentario, sin embargo, comienza a consolidarse un consenso para fijar el nuevo umbral en 14 años, con acompañamiento de bloques como el PRO y la UCR.
La propuesta busca modificar el Régimen Penal Juvenil y alcanzar a menores involucrados en delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a evitar que organizaciones criminales utilicen a adolescentes como “escudo” frente al actual régimen de inimputabilidad.
Penas, límites y sanciones alternativas
El texto enviado por el oficialismo establece penas de hasta 20 años de prisión, con la prohibición expresa de aplicar reclusión o prisión perpetua. En paralelo, sectores de la oposición plantearon reducir ese tope a 15 años.
Para condenas de hasta tres años, el proyecto prioriza medidas alternativas a la prisión, como tareas comunitarias, reparación del daño y restricciones de acercamiento, dejando la privación de la libertad como último recurso.
Centros especiales y presupuesto
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un sistema de detención diferenciado, con establecimientos exclusivos para menores, personal especializado, educación obligatoria y asistencia sanitaria. La normativa prohíbe la convivencia con detenidos adultos y promueve un enfoque orientado a la resocialización.
Para su implementación, el proyecto asigna un presupuesto específico de $23.739.155.303,08, que será distribuido entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, además de convenios con las provincias para financiar nuevos centros juveniles.
Críticas desde la oposición política y social
Desde sectores de la oposición, especialmente del peronismo y la izquierda, surgieron fuertes cuestionamientos. El gobernador bonaerense Axel Kicillof rechazó la baja de la edad de imputabilidad a 13 o 14 años y sostuvo que se trata de una medida que genera “expectativas falsas” en la sociedad. En ese sentido, remarcó que la inseguridad no se resuelve únicamente con respuestas penales, sino con un abordaje integral que ataque las causas del delito juvenil.
En la misma línea, la diputada Romina Del Plá cuestionó duramente el proyecto y afirmó que el Gobierno busca desviar el foco de los problemas estructurales, descargando la responsabilidad sobre niños y adolescentes. En el Congreso, espacios como el Frente Renovador manifestaron disposición a debatir una baja a 14 años, pero rechazaron el texto oficial por considerarlo improvisado y sin condiciones reales para su implementación.
La postura de la Iglesia y las organizaciones sociales
La Iglesia Católica también expresó su rechazo. La Comisión de Pastoral Social del Episcopado advirtió que “no se trata de bajar la edad de imputabilidad, sino de asumir cambios profundos”, priorizando políticas de inclusión, educación y oportunidades por sobre un enfoque punitivo.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho penal coincidieron en que la baja de la edad es una medida regresiva y de fuerte carga simbólica. Señalan que los delitos graves cometidos por menores de 16 años representan menos del 1% del total y alertan que, sin estructura ni financiamiento suficiente, el nuevo régimen podría quedar solo en una declaración de intenciones.
Apoyos y argumentos a favor
Del lado oficialista, funcionarios como Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona defendieron la iniciativa al considerar que cierra una brecha utilizada por bandas delictivas para incorporar menores. Encuestas recientes muestran un alto nivel de respaldo social, especialmente tras casos de alto impacto como el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe.
En el Congreso, el oficialismo admite que el número final podría fijarse en 14 años y que las penas máximas oscilarían entre 15 y 20 años, siempre sin perpetua. En redes sociales, el debate también se intensificó, con expresiones de fuerte apoyo y otras críticas que comparan la situación argentina con la de países de la región.
Antecedentes y riesgos
El debate no es nuevo. En la década del 90 ya se intentó avanzar con una baja a 14 años, iniciativa que fue frenada por especialistas. Más recientemente, en 2025, un proyecto similar obtuvo dictamen pero no llegó al recinto. Ahora, el presidente Javier Milei impulsó el tema en sesiones extraordinarias, con el crimen de Monzón como disparador.
Uno de los principales riesgos señalados por los críticos es el financiamiento real del sistema. Si bien el proyecto prevé más de $23 mil millones, advierten que podría no ser suficiente para garantizar centros adecuados y personal especializado.
En definitiva, la discusión vuelve a poner en tensión dos miradas opuestas: el endurecimiento penal como respuesta a la inseguridad o la inversión en políticas sociales y de inclusión como solución de fondo
