Se trataría de un escándalo de corrupción
La Justicia federal de Lomas de Zamora avanza en una causa que generó fuerte impacto en el Servicio Penitenciario Federal, tras el allanamiento a las oficinas del director del organismo, Fernando Julián Martínez. La investigación se centra en presuntas irregularidades vinculadas a la provisión de alimentos para los detenidos del penal de Ezeiza y posibles maniobras para eludir controles judiciales.
El procedimiento, ordenado por el juez Federico Villena, estuvo marcado por momentos de tensión. Durante el operativo surgieron inconsistencias en torno al teléfono celular de uso personal del funcionario, lo que despertó sospechas sobre un posible intento de ocultar información relevante para la causa. Un informe técnico posterior reforzó la hipótesis de que el dispositivo estuvo activo poco antes del allanamiento.
Para el magistrado, estos indicios podrían demostrar que el director del SPF estaba al tanto de la medida judicial con antelación. La sospecha principal apunta a la existencia de una red de connivencia entre funcionarios y empresas proveedoras que habría operado durante años dentro del sistema penitenciario.
Comida en mal estado y un negocio millonario
La causa se originó a partir de reiteradas denuncias por la mala calidad de la alimentación que reciben los internos en Ezeiza. Estudios oficiales confirmaron la presencia de bacterias peligrosas en las viandas, lo que derivó en la prohibición de que una de las empresas proveedoras continuara prestando el servicio durante 2024.
Sin embargo, la investigación detectó que el esquema habría continuado a través de otra firma que funcionaría como pantalla. Se constató el uso de los mismos vehículos, personal y circuitos de facturación, además de vínculos societarios y domicilios compartidos entre distintas razones sociales que giraban alrededor del mismo negocio.
El expediente también reúne numerosos reclamos judiciales presentados por detenidos desde hace años, donde se describen situaciones extremas: alimentos en estado de descomposición, objetos extraños en las comidas, porciones insuficientes y el incumplimiento de dietas médicas. Incluso, durante una inspección judicial, el propio juez habría sufrido una descompensación tras consumir una de las viandas.
SERVICIO PENITENCIARIO: EL NEGOCIO DE LAS VIANDAS
Detrás de las graves denuncias sanitarias aparece un trasfondo económico de gran magnitud. El servicio de alimentación penitenciaria mueve cifras millonarias a diario, lo que lo convierte en un negocio altamente rentable y explica, según los investigadores, la resistencia a perder la concesión.
En paralelo, la Justicia analiza otros vínculos que rodean al director del SPF, entre ellos el uso de un vehículo asociado a una figura ligada a la feria La Salada. Mientras se peritan celulares y documentación secuestrada, en los tribunales de Lomas de Zamora consideran que la causa recién comienza y que podría alcanzar a más funcionarios y empresarios del entramado penitenciario.
