La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires rechazó de manera contundente el decreto del Gobierno nacional que habilita a cortar el suministro de agua potable a quienes acumulen 60 días de deuda, y advirtió que la medida “afecta derechos básicos” de millones de usuarios.
El Decreto 493/2025, que reemplaza al 304/2006, autoriza a AySA a interrumpir totalmente el servicio después de dos meses de atraso desde el segundo vencimiento. Hasta ahora, ante la falta de pago sólo se aplicaban restricciones parciales, sin cortar por completo el acceso al agua.
La resolución oficial argumenta que el esquema anterior “no se ajustaba a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia”, y menciona además el contexto de “profunda crisis económica” como motivo para permitir que la empresa tome medidas más drásticas frente a la mora.
Pero para la Defensoría, el decreto es “inconstitucional e irrazonable”.
“Decisión inconstitucional que afecta derechos humanos”
El organismo que conduce Guido Lorenzino fue categórico:
“Estamos ante una decisión inconstitucional e irrazonable, ya que existen alternativas menos perjudiciales para garantizar la continuidad de este servicio público esencial”.
La Defensoría advirtió que el agua potable es un derecho humano reconocido internacionalmente, y que ninguna empresa —sea pública o privada— puede interrumpir totalmente su provisión, aun cuando haya una deuda pendiente.
También señaló que una medida de este alcance no debería implementarse por decreto, sino mediante una ley debatida en el Congreso.
Por eso, pidió al Ministerio de Economía, al ERAS y a AySA que no apliquen los cortes totales hasta que el decreto sea revisado o modificado.
Críticas políticas y advertencias legales
La expresidenta de AySA y senadora provincial electa, Malena Galmarini, también rechazó la medida:
“Un decreto no está por encima de la ley. Cortar el agua no. Hay un marco regulatorio que no lo permite y jurisprudencia de la Corte Suprema que tampoco. El agua es vida”.
Desde distintos sectores remarcan que el Estado debe garantizar, incluso frente al impago, un mínimo esencial de suministro para asegurar condiciones dignas de vida en cualquier hogar.
El impacto para los usuarios
Si se aplicara, este cambio afectaría directamente a familias de bajos ingresos y hogares en situación económica crítica, que podrían quedar completamente sin agua en apenas 60 días—aun tratándose de un servicio básico para la salud, la higiene y la vida cotidiana.
Organizaciones de derechos humanos y entidades de defensa del consumidor remarcan que el acceso al agua no puede tratarse como un servicio comercial más, y que la medida podría profundizar desigualdades en un contexto de crisis.
La discusión recién empieza, pero el mensaje de los defensores de los consumidores es claro: cortar el agua no puede ser una opción.
