Panorama complejo para los usuarios
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de AySA al modificar de manera profunda el marco regulatorio del servicio de agua potable y cloacas. Con esta decisión, la empresa que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 partidos del conurbano bonaerense dejará atrás el régimen vigente y aplicará un sistema mucho más estricto para los usuarios que incumplan con el pago de las facturas.
La reforma quedó plasmada en el Decreto 805/2025, difundido en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a todo el Gabinete. La norma se inscribe dentro del proceso de desestatización que comenzó a principios de año, luego de que la Ley Bases declarara a la compañía sujeta a privatización bajo parámetros de competencia, transparencia y eficiencia.
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo esquema es la habilitación a la empresa para suspender el suministro en casos de mora. La resolución le otorga a AySA la posibilidad de cortar el servicio y utilizar los ingresos de la concesión como garantía para financiamientos vinculados a la operación. Desde el Ejecutivo sostienen que esta reestructuración es imprescindible, recordando que entre 2006 y 2023 el Estado destinó más de 13.400 millones de dólares sin lograr revertir la caída en la eficiencia ni frenar el crecimiento de los costos operativos.
PRIVATIZACIÓN DE AYSA: PANORAMA OSCURO PARA LOS USUARIOS
Sin embargo, la aplicación de cortes generó tensiones inmediatas. La Justicia federal de San Martín dictó en agosto una medida cautelar que frenó la vigencia del decreto en un proceso de incidencia colectiva. La decisión, emitida por el Juzgado Federal N.º 2, no solo benefició a quienes iniciaron la acción, sino también al resto de los usuarios en idénticas condiciones, dado el alcance constitucional de este tipo de reclamos.
El fallo volvió a poner en el centro del debate la discusión ética y legal sobre el acceso al agua potable, considerado un derecho humano esencial. Distintos especialistas en derecho señalaron que la política de suspender el suministro a quienes adeuden facturas instala una tensión inevitable entre la sustentabilidad económica del servicio y las consecuencias sociales de privar de un recurso indispensable para la vida cotidiana.
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Aun con la cautelar vigente, el Gobierno difundió los lineamientos de cómo funcionaría el nuevo mecanismo. Los cortes podrían efectuarse tras una deuda de al menos 60 días para usuarios residenciales y de 15 días para los no residenciales, siempre a partir del segundo vencimiento de la factura. Antes de concretar la suspensión, la empresa deberá enviar una intimación —que podrá ser digital— con siete días hábiles de anticipación. También tendrá que informar sobre la existencia de una tarifa social para quienes acrediten dificultades económicas.
