En un giro que pocos en la Casa Rosada anticipaban, el Ejecutivo decidió suspender la privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y poner sobre la mesa más de $52.798 millones para obras y compra de material rodante. La decisión se apoya en un diagnóstico crudo: hoy la empresa no resulta atractiva para el sector privado.
Los números son lapidarios. La tarifa que pagan los pasajeros apenas cubre el 7,8% del costo real del servicio; el resto proviene de transferencias del Tesoro. Con ingresos estimados en $83.801 millones frente a gastos operativos que trepan a $1,062 billones, la pérdida proyectada para este año ronda los $978.773 millones. El 74,3% del gasto se destina a salarios de una planta de 23.271 empleados. “Para hacerla rentable habría que echar a más de 10.000 personas y subir la tarifa. Hoy eso no está en agenda”, confiesa un funcionario oficialista.
La estrategia, impulsada bajo la Emergencia Ferroviaria, apunta a “poner en valor” la red antes de retomar cualquier debate privatizador. Del total de la inversión anunciada, $42.617 millones irán a la renovación de vías y puentes, y $10.182 millones a maquinaria, locomotoras y trenes nuevos.
Entre las obras prioritarias figuran la instalación del sistema de frenado automático (ATS) en las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre, y la renovación de los ramales La Plata, Tigre y Belgrano Sur.
Por ahora, la única privatización ferroviaria en pie es la de Belgrano Cargas. En el resto, el Gobierno decidió cambiar el boleto: del andén de la venta, a la vía de la inversión.
