Se trata de una campaña encabezada por docentes, investigadores y organizaciones sociales
El reciente DNU de Javier Milei que permite la privatización de AySA ya encontró un fuerte rechazo en un sector de la sociedad. Se pide de carácter urgente la derogación del mismo por ser este «inconstitucional e ir en contra de los derechos humanos».
Lo cierto es que el acceso al agua, considerado por la ONU como un derecho humano esencial, se ve peligrado por la posibilidad, al privatizarse, de cortar el suministro a aquellas personas que no puedan pagar las boletas.
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Concretamente los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 493/2025 y N° 494/2025 son lo que comienzan a trazar el camino para que la empresa deje su carácter de estatal. Abre la posibilidad a la compra de acciones para luego, llegar a una privatización del todo.
No obstante, las críticas vienen también por el lado de que una vez siendo así, la empresa tendría la potestad de poder cortar el suministro de agua a todos aquellos quiénes no puedan pagar las exorbitantes tarifas. Esto vulneraría claramente los derechos humanos básicos y universales.
En este sentido, el senador peronista Wado De Pedro, presentó dos proyectos de ley para defender la propiedad estatal de la compañía y garantizar la universalidad y el acceso del recurso en todos los hogares del país.
