Una joven enfrenta una causa penal tras un allanamiento en su emprendimiento capilar: volver a empezar sin trabajo y sin dinero
Nahir Eliana Sosa tiene 29 años y vive en el barrio San José, en Temperley. Hasta hace unos meses, se sostenía económicamente con un emprendimiento de productos capilares que había iniciado durante la pandemia. Sin embargo, en agosto de 2024, su domicilio fue allanado por la Policía y todos sus productos fueron secuestrados. Hoy, enfrenta una causa penal por comercialización de artículos no autorizados y las dificultades de volver a empezar en el ámbito laboral.
Es madre de dos hijos —uno de siete años y una beba de ocho meses— y contó en diálogo con Lomas Conectado: “Me crié en Libertad, zona oeste. Cuando tenía 14 años falleció mi mamá y quedamos huérfanos con mi hermano. Nos adoptaron y vinimos a vivir a Temperley, donde terminé el secundario”.
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Desde joven, Nahir trabajó para sostenerse: “Empecé a trabajar en el Jockey Club de San Isidro como moza para pagar mi viaje de egresados y me dediqué a eso hasta la pandemia”. Pero con las restricciones sanitarias, como tantas otras personas, perdió su fuente de trabajo.
Reinventarse en pandemia
“Ya no podía trabajar y no sabía qué hacer. Mi bebé empezaba a comer y usaba pañales. En Facebook veía que pedían muchos productos para el pelo, así que con lo que me pagaron del IFE decidí invertir en lo que pedían mucho. Eran productos que yo también usaba, no era nada dañino. Todas las marcas empiezan así”, relató.
El emprendimiento, según afirma, creció rápidamente: “Pude pasar la pandemia, luego fue creciendo mi emprendimiento y llegué a hacer un grupo de casi 200 vendedoras. Mi intención era ayudar a otras chicas a poder emprender con lo que a mí me sirvió, sin saber que podía tener semejante problema. Se habló de organización criminal, de una ‘banda’, pero era un emprendimiento y éramos muchas mamás viviendo de eso”.
El 15 de agosto de 2024, la División de Delitos Tecnológicos Complejos llevó a cabo un allanamiento en su vivienda. La investigación policial concluyó que los productos que se comercializaban no estaban autorizados por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
“El emprendimiento era mi único ingreso. Tuve una beba el 1 de agosto del año pasado por cesárea, no podía trabajar. Y ahora tengo una causa penal, por lo cual no voy a encontrar un buen trabajo. Estoy vendiendo otras cosas que se puedan, pero tengo que volver a empezar”, expresó.
La investigación
Lo que comenzó como un emprendimiento personal terminó derivando en una causa judicial de gran alcance. La investigación que involucra a Nahir forma parte de una causa más amplia encabezada por la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, que logró desarticular una red de producción y comercialización de productos capilares no autorizados por la ANMAT.
Según fuentes judiciales, las sustancias eran elaboradas en al menos tres domicilios: dos ubicados en el barrio San José de Temperley y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde estos lugares, los productos eran distribuidos a distintas provincias. Durante los operativos, los investigadores constataron que las viviendas no solo funcionaban como laboratorios improvisados, sino también como showrooms y locales de venta al público.
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Uno de los elementos químicos encontrados fue el formol, una sustancia prohibida en altas concentraciones en cosmética por su potencial toxicidad. “El formol puede causar daños irreversibles en la salud si no se lo manipula bajo condiciones estrictas de seguridad”, advirtieron fuentes cercanas a la causa. Los productos eran promocionados en redes sociales como tratamientos capilares de uso cotidiano.
Los allanamientos
Durante los allanamientos, se incautaron grandes cantidades de bidones, frascos y envases con químicos sin rotular. Además, se identificó a las personas que formaban parte de la organización, quienes fueron imputadas por dos delitos tipificados en el Código Penal argentino: el artículo 201, que sanciona la comercialización de sustancias peligrosas disimulando su carácter nocivo, y el artículo 200, por adulterar o falsificar productos destinados al uso público.
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°19 de la Ciudad, a cargo del juez Agustín Eduardo Riggi, y el Juzgado de Garantías N°6 de Lomas de Zamora fueron los encargados de autorizar los procedimientos. En la investigación participaron la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), dirigida por el fiscal Carlos Rolero Santurián y el auxiliar fiscal Ricardo Bomparola.
Actualmente, está cumpliendo una probation, y la causa podría prescribir en un año. Nahir sostiene que su rol en esta red fue el de una emprendedora que buscaba una salida económica en medio de la crisis. Ahora debe volver a empezar, está estudiando barbería, vendiendo OTOWIL e incorporando vendedoras, haciendo eventos cuando salen.
