Las protestas de jubilados, que desde hace semanas se desarrollan en reclamo por la situación económica que atraviesa el sector, tuvieron el pasado miércoles 12 de marzo una jornada marcada por la violencia y la represión policial en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
La movilización, que comenzó como una protesta pacífica, contó con el respaldo de hinchadas de fútbol y otros sectores de la sociedad que se sumaron en repudio a la represión sufrida por los jubilados en manifestaciones anteriores. Sin embargo, la jornada terminó con duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Denuncias cruzadas y acusaciones de desestabilización
Desde el Gobierno, el Ministerio de Seguridad denunció penalmente a los organizadores de la protesta por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática, y Asociación Ilícita Agravada. La denuncia, radicada en la Justicia Federal, menciona como posibles responsables al ex líder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín y a otras figuras políticas y sindicales. Según el documento, los disturbios fueron organizados con fines desestabilizadores y habría evidencia de pagos a manifestantes para generar violencia.
El Ministerio también cuestionó la liberación de los detenidos por orden de la jueza Karina Andrade, argumentando que no se evaluaron pruebas ni antecedentes penales. Según la denuncia, entre los liberados habría personas con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes y tenencia de armas de fuego.
El saldo de una jornada violenta
Los incidentes dejaron un saldo de más de una docena de heridos, incluyendo efectivos de la Policía Federal Argentina, manifestantes y periodistas. Además, se reportaron vehículos policiales incendiados y daños en el espacio público.
Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición criticaron la respuesta del Gobierno, denunciando un uso desproporcionado de la fuerza contra una manifestación que, en su origen, reclamaba por la situación de los jubilados en el país.
Mientras el Ministerio de Seguridad insiste en que se trató de un intento de desestabilización, sectores opositores y organizaciones sociales denuncian un nuevo episodio de criminalización de la protesta. La investigación judicial, ahora en manos de la Justicia Federal, deberá esclarecer lo ocurrido en una jornada que reaviva las tensiones entre el Gobierno y la sociedad civil.
