Además, solicitó una reapertura urgente de las oficinas
El Municipio de Quilmes multó por $445.248.000 a AySA por deficiencias en la atención a los usuarios del servicio de agua potable y cloacas en la localidad. Además, se le ordenó restablecer la atención presencial en la ciudad en un plazo máximo de 30 días.
Esta noticia es de alto impacto para la región porque quizás, podría sentar también un precedente para Lomas de dónde la empresa, también retiró sus oficinas.
Investigación y denuncias vecinales
La sanción surge tras una investigación iniciada por la Dirección General de Defensa de Usuarios, Consumidores y Lealtad Comercial, luego de que se registrara un incremento significativo en los reclamos por la falta de oficinas físicas en Quilmes. Los vecinos manifestaron dificultades para gestionar trámites y presentar quejas, especialmente los adultos mayores y aquellos sin acceso a herramientas digitales.
La jueza Anabella Galván, titular del Juzgado de Faltas N° 4, determinó que AySA incumplió con sus obligaciones al no garantizar canales accesibles de atención. Según el fallo, la empresa vulneró derechos fundamentales de los consumidores al limitar la disponibilidad de opciones para realizar gestiones esenciales.
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Respuesta de la empresa y fallo judicial
AySA defendió su postura argumentando que ha desarrollado un sistema de autogestión digital para facilitar los trámites. Sin embargo, la resolución judicial estableció que la digitalización no puede sustituir completamente la atención presencial, ya que restringe el acceso a derechos básicos para una parte de la población.
Además de la sanción económica, la empresa deberá presentar en los próximos días un plan detallado que contemple la ubicación de las nuevas oficinas, los horarios de atención y los servicios que ofrecerá. También se le exige garantizar una infraestructura adecuada y personal capacitado para atender al público.
Desde el Municipio de Quilmes destacaron que la medida representa un avance en la protección de los consumidores y refuerza el papel de las administraciones locales en la regulación de los servicios públicos. Se espera que la reapertura de oficinas mejore la atención a los vecinos y facilite el acceso equitativo a la resolución de trámites y reclamos vinculados al suministro de agua y cloacas en la ciudad.
