El Gobierno reduce la edad mínima para portar armas a 18 años: una medida con impacto en la seguridad y el debate social
El Poder Ejecutivo anunció una modificación clave a la Ley Nacional de Armas y Explosivos (Ley 20.429): los ciudadanos argentinos podrán adquirir armas de uso civil a partir de los 18 años. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 1081/2024, reduce la edad mínima para portar armas, antes fijada en 21 años, y busca, según el Gobierno, «armonizar la legislación vigente» y reconocer la capacidad de los jóvenes para ser legítimos usuarios.
La decisión lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El nuevo artículo 55 de la reglamentación establece que los interesados deberán cumplir con requisitos como no poseer antecedentes penales, acreditar identidad ante dependencias policiales, y demostrar aptitudes físicas y psíquicas compatibles con la tenencia de armas.
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Contexto y argumentos del cambio
El Ejecutivo justificó la modificación como parte de un esfuerzo por regularizar la posesión de armas de fuego en el país, en un marco donde se estima que hay más de 800.000 armas en situación irregular. Desde mayo de 2024, el Gobierno había adelantado su intención de simplificar los trámites relacionados con la portación, declaración y destrucción de armas.
La propuesta también incluye la reactivación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que había expirado en 2023. Este programa, ahora prorrogado por cuatro años, permite que los ciudadanos entreguen armas de manera anónima para su destrucción, evitando repercusiones legales. Paralelamente, se busca facilitar que los ciudadanos regularicen armas no declaradas, otorgándoles el estatus de “legítimos usuarios”.
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Según la cartera de Seguridad, estas iniciativas persiguen un doble objetivo: combatir el crimen organizado y generar un registro de armas transparente, actualizado y moderno.
Debate en la sociedad
El decreto genera opiniones divididas. Quienes apoyan la medida argumentan que habilitar a mayores de 18 años a portar armas fortalece el derecho a la autodefensa en un contexto de inseguridad creciente. Además, aseguran que las nuevas disposiciones podrían desalentar la adquisición de armas ilegales al facilitar el acceso a alternativas legales.
Por otro lado, sectores críticos advierten sobre los riesgos de esta política. Referentes en derechos humanos y seguridad señalan que reducir la edad mínima podría aumentar la cantidad de armas en circulación, incrementando potencialmente los índices de violencia. También expresan preocupación sobre la capacidad de los jóvenes de 18 años para manejar armas de manera responsable.
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La implementación de este decreto marcará un punto de inflexión en la regulación de armas en Argentina. Queda por ver cómo se articularán las iniciativas para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos y si la simplificación de trámites logrará reducir la tenencia irregular de armas. Mientras tanto, el debate continúa, reflejando las tensiones entre el derecho a la seguridad personal y los desafíos de prevenir la violencia armada en el país.
