Anticipan que habrá cortes de luz durante el verano: El gobierno lanza un plan de emergencia para 2024-2025
Ante las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y un informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que anticipa cortes de luz durante el verano, el gobierno nacional anunció la implementación de un «Programa de Emergencia Verano 2024/2025». Este plan busca hacer frente a la posible crisis energética, aunque ha generado críticas por beneficiar a las empresas generadoras y distribuidoras de energía, que han sido cuestionadas por la falta de inversión y los continuos problemas en el servicio.
El esquema del plan incluye una serie de medidas que, según el gobierno, están orientadas a garantizar el suministro eléctrico en los meses más calurosos. Entre ellas, se destaca la decisión de otorgar una remuneración adicional a las empresas generadoras de plantas termoeléctricas —entre las que se encuentran Pampa Energía, Central Puerto, AES e YPF Luz— para que puedan operar con equipos antiguos durante los próximos tres años. El objetivo sería hacer rentable el uso de estas maquinarias, a pesar de su antigüedad y menor eficiencia.
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Además, se implementará una bonificación para las empresas industriales que decidan reducir su consumo energético en los meses de mayor demanda. Esta medida que se interpretó por algunos sectores como una posible subvención encubierta a suspensiones de personal en las fábricas.
En cuanto a las distribuidoras, como Edenor y Edesur, el Estado subsidiará el uso de las unidades de generación móviles (UGEMS), haciéndose cargo del costo del combustible que requieren para operar. Estas unidades suelen emplearse en situaciones de emergencia para mitigar la falta de suministro en zonas afectadas por cortes.
Críticas al programa
Uno de los principales puntos de controversia radica en la percepción de que el gobierno estaría premiando a las empresas responsables del deterioro del sistema eléctrico. Las generadoras y distribuidoras, en reiteradas ocasiones, las señalaron por su falta de inversión y por mantener una estructura de servicio que, según varios informes, no está a la altura de las demandas del país. A pesar de recibir millonarios subsidios y aumentos tarifarios, muchas de estas empresas acumulan deudas significativas con Cammesa, la mayorista encargada de comercializar la energía en el país.
En particular, Edenor ha sido el centro de críticas. Su dueño, Daniel Vila, afirmó recientemente que la empresa no pagará una deuda de 180 millones de dólares que mantiene con Cammesa, argumentando que el Estado le debe 1280 millones en concepto de tarifas pactadas en el contrato de concesión. Este reclamo coincide con las constantes quejas de los usuarios, quienes cada verano realizan piquetes frente a las oficinas de la distribuidora debido a los cortes de luz.
Contexto económico
El debate sobre el suministro eléctrico también se enmarca en la delicada situación económica que atraviesa el país. Un análisis del economista Gustavo Lopetegui, exsecretario de Energía durante la administración de Juntos por el Cambio, muestra que Edenor ha logrado alcanzar un margen de distribución del 50% en el segundo trimestre de 2024, un nivel superior al registrado en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. En contraposición, el economista Julián Rojo señala que el porcentaje del presupuesto familiar destinado a los servicios públicos alcanzó el 5,9%, el nivel más alto en 22 años.
Desde sectores opositores y organizaciones sociales, se ha denunciado que el plan propuesto profundiza el esquema de subsidios a empresas privadas, sin exigirles las inversiones necesarias para mejorar el servicio. El Partido Obrero, uno de los críticos más duros, sostiene que es imprescindible la apertura de los libros contables de estas empresas y una eventual estatización del servicio bajo control de los trabajadores y usuarios para garantizar su transparencia y eficiencia.
El rol del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, también ha sido cuestionado. Chirillo ha trabajado con figuras claves de la privatización del sistema eléctrico en 1992, como Carlos Bastos, quien hoy forma parte de empresas vinculadas a Edenor. Esto ha generado suspicacias sobre posibles conflictos de intereses dentro del gobierno.
