La fiscal Paloma Ochoa ha intensificado la investigación sobre la falta de entrega de alimentos y fondos a comedores comunitarios.
La fiscal Ochoa ha requerido a Pettovello, entre otras medidas de prueba, que detalle las acciones adoptadas por su cartera durante los últimos meses para garantizar la distribución de alimentos en los comedores y merenderos de los barrios, así como el destino de los fondos recibidos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La fiscalía ha otorgado un plazo de diez días hábiles para que Pettovello presente esta información, que incluye especificaciones sobre el tipo y cantidad de alimentos distribuidos, así como los beneficiarios de dicha ayuda. Esta acción judicial surge en respuesta a denuncias de organizaciones sociales y testimonios que apuntan a una interrupción en la entrega de alimentos, lo que ha llevado al cierre de algunos comedores y merenderos, afectando a más de cuatro millones de personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes.
Además de la investigación penal, se ha presentado un amparo impulsado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que busca garantizar el derecho a la alimentación y exigir al Ministerio de Capital Humano que proporcione fondos y alimentos a las organizaciones sociales. La Defensora Oficial Florencia Plazas ha destacado la importancia de este derecho, señalando que la suspensión unilateral de la entrega de alimentos por parte del gobierno podría acarrear responsabilidad internacional.
Denuncias de los comedores
Las organizaciones sociales han denunciado que el gobierno de Javier Milei ha excluido de la entrega de alimentos a los comedores dependientes de estas organizaciones, lo que ha exacerbado la crisis alimentaria. Ante esta situación, algunas instituciones religiosas han sido convocadas para ocuparse del reparto de alimentos, desplazando así a los movimientos sociales de la intermediación en este proceso.
Crisis en los comedores de Almirante Brown: testimonios
En Almirante Brown, la situación de los comedores comunitarios se torna cada vez más crítica, según los testimonios de quienes trabajan incansablemente para brindar alimentación a los sectores más vulnerables de la sociedad. Daniela, una de las referentes en esta tarea, describe un panorama desolador marcado por la falta de recursos y el aumento vertiginoso de la demanda
«El abandono por parte de Capital Humano es total», afirma Daniela, quien junto a otras mujeres lucha por mantener los comedores en funcionamiento en medio de la creciente necesidad de alimentos.
Los comedores se ven obligados a subsistir en gran medida gracias a donaciones y a lo poco que pueden obtener del municipio. Sin embargo, la situación se complica aún más con el crecimiento en la cantidad de personas que acuden en busca de ayuda. Jubilados, jubiladas y mujeres de hogares monoparentales conforman una parte significativa de los nuevos usuarios, incrementando la presión sobre los recursos disponibles.
A pesar de las dificultades, algunos comedores persisten gracias al compromiso de quienes trabajan en ellos y al apoyo de la economía social y popular. «Muchas mujeres ponen el cuerpo para mantener en funcionamiento estos espacios», destaca Daniela, resaltando el papel fundamental de la comunidad en la lucha contra el hambre y la desigualdad.
Desigualdades en el acceso a la ayuda gubernamental
Si bien se menciona un aumento en la tarjeta Alimentar, Daniela señala que no todos los beneficiarios están alcanzados por este régimen, dejando fuera a numerosas familias que luchan por sobrevivir. Ante esta situación, la desesperación crece entre quienes acuden a los comedores, evidenciando la urgente necesidad de políticas públicas que aborden de manera integral la problemática alimentaria en la región.
