La empresa se niega a eliminar la «tarifa de servicio» y enfrenta sanciones por violar la Ley Nacional de Defensa del Consumidor
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires ha emitido una multa de 59 millones de pesos a la empresa de entregas a domicilio «Rappi». Esta sanción se produce después de que la compañía se negara a eliminar la «tarifa de servicio» que estaba cobrando a los usuarios sin previo aviso, violando así la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
En un comunicado oficial, el Gobierno bonaerense reveló que había imputado a «Rappi» en marzo por el cobro de cargos adicionales compulsivos, ofreciéndole la oportunidad de evitar la multa si eliminaba este cargo extra. Sin embargo, la empresa decidió mantener esta práctica, lo que resultó en la multa y la orden de cesar el cobro de la «tarifa de servicio».
La «tarifa de servicio» era un cargo adicional que «Rappi» añadía al costo de los pedidos sin previo aviso, y los usuarios solo se daban cuenta de su existencia al momento del pago. Según el Ministerio de Producción, esta tarifa fue diseñada para aumentar las ganancias de la empresa a expensas de los consumidores, trasladando costos operativos de la plataforma a los usuarios.
Las autoridades de la cartera productiva aseguraron que durante el proceso llevado a cabo por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios se garantizó el derecho de defensa de «Rappi». No obstante, la empresa optó por no modificar su política de cobro, lo que resultó en la multa y la orden de cesar este cargo adicional.
Además de la multa, «Rappi» ha sido instruida para tomar medidas adecuadas a fin de reembolsar a los consumidores bonaerenses los montos abonados por la «tarifa de servicio». Desde su introducción en enero de 2022 hasta marzo de 2023, esta tarifa acumuló aproximadamente 13 millones de pesos. El monto actualizado deberá ser devuelto a los usuarios de la provincia.
Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, destacó que esta acción no tiene como objetivo ser anti-empresa, sino que se le dio a «Rappi» la oportunidad de corregir su práctica. Aguilar afirmó: «Si Rappi eliminaba este concepto, la multa no se habría aplicado».
Esta no es la primera vez que el Gobierno de Buenos Aires toma medidas contra empresas de entregas a domicilio por prácticas abusivas. En marzo de este año, tanto «Rappi» como «PedidosYa» enfrentaron imputaciones similares debido al cobro de cargos extra en los envíos, con multas potenciales que superaban los 400 millones de pesos. En ese momento, se reveló que las empresas no proporcionaban información detallada sobre la «tarifa de servicio» y obligaban a los usuarios a pagarla sin darles la opción de rechazarla.
