La Cámara Federal de Buenos Aires ha autorizado hoy el secuestro del teléfono móvil del diputado nacional Gerardo Milman, perteneciente al partido Juntos por el Cambio (JxC).
Esta medida fue solicitada por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y respaldada por la fiscalía, en el contexto de la investigación del intento de magnicidio contra la titular del Senado ocurrido el 1 de septiembre del año pasado.
El tribunal de apelaciones revocó la decisión previa de la jueza María Eugenia Capuchetti y permitió el secuestro del teléfono de Milman. Sin embargo, la siguiente etapa requeriría la autorización de la Cámara de Diputados debido a las leyes de fueros parlamentarios, según fuentes judiciales consultadas por la agencia Télam.
Aunque se reconoce que la posibilidad de encontrar información útil en el teléfono de Milman es baja debido al tiempo transcurrido desde el incidente, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que votaron a favor de la medida, establecieron que la extracción de información se limitará a un periodo específico, desde el 1 de julio de 2022 hasta el 10 de mayo de 2023.
Los jueces Bruglia y Bertuzzi subrayaron que la búsqueda de información se centrará en el contenido relevante relacionado con los hechos investigados y se preservará la información no relacionada con el caso. Además, señalaron que la información inicialmente obtenida se compartirá solo con el juzgado para que se pueda determinar qué datos son pertinentes para la investigación.
La «pista Milman» surgió a raíz de declaraciones de un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, quien afirmó haber escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera. Abello alegó que Milman pronunció la frase «Cuando la maten yo estoy camino a la costa» en un bar en agosto del año anterior.
A pesar de que la expectativa de información valiosa es limitada, la autorización del secuestro del teléfono busca agotar todas las vías de investigación en relación con el intento de magnicidio. La Cámara Federal sostiene que la gravedad del delito y sus implicaciones institucionales justifican la búsqueda de certeza en relación con los indicios presentes en el caso. Sin embargo, el juez Mariano Llorens, el tercero de la Sala I de la Cámara Federal, expresó en su opinión que no existen pruebas suficientes para avanzar con la medida propuesta.
